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Laëtitia o el fin de los hombres (fragmento) "Todas las miradas están puestas en el Juzgado de Primera Instancia de Nantes y, más particularmente, en los jueces de aplicación de penas (JAP). Oídos varias horas por la Inspección General de Servicios Judiciales, éstos están en el banquillo de los acusados. En la cafetería del tribunal, una sala bañada de luz con máquinas de café y plantas verdes, una oficial de justicia me cuenta las repercusiones del caso en el seno del TGI. Para empezar, como todo el mundo, los magistrados y el personal se percatan del carácter dramático del suceso. Bastante rápido «nos enteramos de que Meilhon es uno de los nuestros, un “cliente”». Y entonces sobreviene la consternación. Para la JAP a cargo del expediente, «es la suprema consternación». Sabe que «van a ir a por ella». El 2 de febrero, los magistrados del tribunal de Nantes se reúnen en asamblea general extraordinaria. En una moción adoptada por unanimidad menos tres abstenciones, afirman su apoyo a los JAP cuestionados y denuncian la «postura demagógica» del gobierno, que quiere que se olvide la «incuria de los poderes públicos», y se acuse a los magistrados y funcionarios. Jacky Coulon, juez de instrucción y delegado de la Unión Sindical de Magistrados, impugna públicamente las acusaciones del Poder Ejecutivo. El 3 de febrero, a la hora del almuerzo, los magistrados participan en una nueva asamblea para decidir qué forma dar a la acción colectiva. La Inspección General de Servicios Judiciales sigue en el interior del edificio. En el transcurso de la reunión, el fiscal adjunto, el número dos de la fiscalía por debajo de Ronsin, recibe una alerta en su teléfono: Nicolas Sarkozy acaba de reiterar sus ataques contra los jueces. De inmediato transmite la información a sus colegas. En visita a Orleans, el presidente de la República declaró desde el patio de una comisaría: Cuando se deja salir de la cárcel a un individuo como el presunto culpable, sin asegurarse de que contará con el seguimiento de un asesor de inserción, eso es una falta. Quienes cubrieron o dejaron cometer esa falta serán sancionados, esa es la regla. […] Nuestro deber es proteger a la sociedad de estos monstruos. Dicho en otras palabras, los jueces permitieron e incluso facilitaron la comisión de un crimen: a su «falta» deben responder ciertas «sanciones». En cuanto al sospechoso, se lo trata de «presunto culpable». Esas declaraciones son el eco del caso Nelly Crémel, de 2005, durante el cual Nicolas Sarkozy quiso hacer «pagar» al juez de ejecución de penas por su «falta». Es la gota que colma el vaso. En la sala de reuniones atestada, la indignación es unánime. Los magistrados, esa gente que suele ser tan seria y tan ponderada, se sienten profundamente conmocionados. El Poder Ejecutivo, cuya política de recorte desestabiliza la función pública en general y la justicia en particular, cuyos ataques contra los jueces son recurrentes, ¡está haciéndolos pasar por cómplices de un crimen! El discurso de Orleans provoca una conmoción en el TGI: el trabajo de la justicia se ve deslegitimado por el propio presidente de la República, que sin embargo es garante de su independencia. La reverencia natural de los magistrados de cara a los poderes públicos se ve violentamente afectada. Siguiendo un mismo ímpetu, los magistrados, incluida la fiscalía, los sindicados y los no sindicados, los principiantes y los veteranos, los incendiarios, los tibios y hasta los más timoratos, votan por una semana sin audiencias. A medida que la noticia se expande por todo el palacio, los magistrados bajan a la sala de los pasos perdidos, donde fraternizan con abogados, trabajadores sociales e incluso policías. A partir de las 14 horas, todos los casos no urgentes son postergados, con la lectura por parte del presidente de cada tribunal de un comunicado redactado colectivamente. El colegio de abogados de Nantes se une al movimiento. Día de ira, momento fundacional. " epdlp.com |